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En 2021, un menor fue asesinado por su padre en Barcelona. La familia solicitó cambiar sus apellidos antes del entierro pero se encontró con un vacío legal. Ariste Martí Advocades lideró la batalla legal que culminó en abril 2022 con la primera Orden Ministerial que permitió el cambio de apellidos post-mortem por violencia vicaria en España. Este precedente histórico abrió el camino para proteger la identidad de las víctimas y evitar la segunda victimización de las familias.